movimientos populares locales que se habían unido alrededor de reclamos en pro de la justicia social. En ese tiempo, los activistas colombianos llamaron la atención sobre la violencia estatal endémica y modificaron las conversaciones sobre Colombia en las Naciones Unidas, la Organización de los Estados Americanos y dentro de círculos políticos en Washington, D.C., de la “guerra contra las drogas” a los derechos humanos.42 Este giro fue facilitado por la participación de los activistas colombianos en redes no gubernamentales transnacionales ya establecidas.43 De esta manera, la historia de Barrancabermeja está estrechamente relacionada con los movimientos globales en pro de los derechos humanos que aunaron su voz en toda América Latina durante finales de la Guerra Fría. No obstante, el modus operandi de la movilización popular con respecto a los asuntos locales siguió dominando a la capital petrolera de Colombia, desafiando la noción de que los activistas de derechos humanos eran principalmente de orientación transnacional. A diferencia de los abogados que trabajaban en Bogotá, los defensores de derechos humanos con sede en Barranca estaban profundamente involucrados en procesos locales de transformación, incluyendo la política local y el desarrollo económico de base comunitaria. Incluso cuando los activistas en Barranca participaron en debates nacionales y transnacionales en cuanto al impacto del conflicto colombiano sobre las poblaciones civiles y la guerra de las drogas patrocinada por Estados Unidos, los proyectos previos en busca del cambio social continuaron, al igual que lo hicieron las modalidades más importantes de protesta popular, incluyendo la organización de paros cívicos. Tal como se verá, los activistas de los movimientos sociales en Barrancabermeja estaban involucrados en una política de múltiples escalas. Ellos posicionaron al fuerte movimiento cívico de la ciudad dentro de procesos más amplios. Los activistas de derechos humanos en Barranca en los años ochenta estaban inmersos en una lucha para proteger físicamente a la población civil. Al mismo tiempo, se hicieron intentos de vincular este urgente propósito a un análisis de la economía política de la ciudad y la región circundante.
En esta obra se presenta un estudio detallado del movimiento de los derechos humanos comunitario. Apoyado en el trabajo de académicos colombianos que privilegian las fuentes locales, puedo demostrar las maneras en que los derechos humanos se producen socialmente.44 El activismo académico sobre la violencia y los derechos humanos en Colombia data del período inmediatamente posterior a La Violencia. Generaciones de científicos sociales e historiadores han sido llamadas a servir para tratar de explicar los devastadores y extraordinariamente complejos ciclos de conflicto social y político del país. Publicado en 1962 por investigadores afiliados a la Universidad Nacional, La violencia en Colombia fue el primer estudio integral del fenómeno de la violencia y sigue siendo un texto fundamental para el movimiento de los derechos humanos en este país.45 A principios de los años sesenta, cuando los académicos colombianos comenzaron a ver las complejidades de la violencia política, emplearon nuevos métodos de investigación que desafiaron la narrativa oficial de una guerra civil en la que se enfrentaron los conservadores contra los liberales. Los detalles obtenidos mediante grabaciones a nivel de parroquias en este estudio demuestran la importancia del conocimiento local para entender la violencia y los derechos humanos. La mayoría de los análisis más incisivos de la violencia en Colombia en los años siguientes provendrían de organizaciones no gubernamentales, como el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, cuya primera obra, El libro negro de la represión, se publicó en 1974.46 El Centro de Investigación y Educación Popular en Bogotá y el Instituto Popular de Capacitación en Medellín, así como otros, seguirían produciendo importantes estudios críticos de derechos humanos. Uno de los textos más significativos publicados durante los cada vez más violentos años ochenta fue la obra comisionada por el gobierno Colombia: violencia y democracia. Publicada en 1987 bajo la dirección de Gonzalo Sánchez, este informe analizó no solo el conflicto armado entre el Estado y las guerrillas, sino las experiencias diarias de violencia de millones de colombianos comunes y corrientes.47 Otro estudio emblemático publicado por una comisión financiada por el gobierno fue Pacificar la paz: lo que no se ha negociado en los acuerdos de paz, publicado en 1992.48 Entre el año 2005 y 2012, el Grupo de Memoria Histórica publicó docenas de casos de estudio detallados, así como un reporte final titulado ¡Basta ya! Cabe destacar que los investigadores del Grupo de Memoria Histórica hicieron amplio uso de los registros creados por organizaciones no gubernamentales. Desde que se creó en 2011, el Centro Nacional de Memoria Histórica ha publicado decenas de monografías sobre la violencia en Colombia, basándose en su mayoría en el trabajo de los defensores de derechos de primera línea, así como en entrevistas con las víctimas. Todos estos son esfuerzos académicos para entender el conflicto colombiano a través del vector de los derechos humanos.
Durante un período de casi veinte años, comenzando a finales de los años ochenta, la atención de los activistas de los movimientos sociales en Barrancabermeja y en toda Colombia fue la defensa de los derechos humanos básicos, definida principalmente, pero no únicamente, en términos del derecho a no ser víctima del abuso y la violencia.49 El activismo de derechos humanos fue una respuesta directa a la escalada de represión política, particularmente a los abusos cometidos por los agentes de seguridad estatal y sus aliados paramilitares en contra de la población civil. La adopción del discurso de derechos humanos por parte de los activistas en Barrancabermeja y en el resto de Colombia marcó el rumbo para la siguiente generación. Los activistas aprenderían a realizar investigaciones en el terreno, a escribir informes, a formular ‘acciones urgentes’, apelaciones, y a emprender el trabajo de abogacía transnacional. La continua movilización de protestas en las calles a favor de los derechos humanos constituyó un vínculo fundamental con la larga historia de protesta popular en Barranca. Gracias a estos esfuerzos, los derechos humanos se convertirían en una importante herramienta para comprender el conflicto colombiano y en una base sobre la cual se disputaría el cambio político. Para 1988, los derechos humanos eran la principal razón de la protesta social en Colombia.50 Entre 1989 y 1994 la cifra de organizaciones de derechos humanos en Colombia se cuadruplicó.51
La expansión del activismo de derechos humanos en toda Colombia engendró importantes debates acerca de las posibilidades y limitaciones de este nuevo paradigma. Varios académicos internacionales han documentado los desacuerdos surgidos entre los activistas colombianos con respecto al significado de derechos humanos. La primera monografía de un académico internacional sobre derechos humanos en Colombia es el libro de la antropóloga Winifred Tate, publicado en 2007.52 La investigación pionera de Tate da una mirada histórica a los discursos de derechos humanos y a las tácticas empleadas por los activistas, así como por los gobiernos, los sistemas judiciales y las fuerzas armadas. Según Tate, cuando los derechos humanos comenzaron a hacer parte del lenguaje de la protesta en Colombia en los años ochenta, los activistas sociales asediados buscaron nombrar las fuentes, los tipos y los impactos de la violencia política a la cual estaban siendo expuestos: “Confrontados con el complejo panorama de la violencia colombiana, los activistas comenzaron a utilizar el marco de los derechos humanos para clasificar los homicidios violentos que anteriormente habían sido considerados violencia partidista o parte de campañas de insurgencia y contrainsurgencia”.53 Al mismo tiempo, afirma Tate, a los activistas colombianos les preocupaba que los derechos humanos representaran una clase de traición a la lucha de clases. El libro de la antropóloga Lesley Gill, publicado en 2016, se centra en las especificidades del caso de Barrancabermeja. Gill observa que la adopción de los derechos humanos por los activistas de Barranca representó para algunos un alejamiento errado de la tradición de radicalismo popular de la ciudad. Más agudamente, ella argumenta que “el activismo de derechos humanos no podría ocuparse de la marginalización económica y la fragmentación social que se profundizó bajo el neoliberalismo”.54 En una entrevista realizada en 2016, Gill afirmó, sencillamente, que “el discurso de los derechos humanos habla de la derrota de la izquierda”.55 Yo afirmo en cambio que los activistas de derechos humanos en Barrancabermeja no se alejaron de las tradiciones anteriores. Los individuos y organizaciones que se unieron a las protestas de derechos humanos en Barranca durante los años ochenta lo hicieron con el fin de defender una diversidad de metas de justicia social y lidiaron con las diferencias políticas e ideológicas, que a menudo fueron exacerbadas por la violencia patrocinada por el Estado. El activismo de derechos humanos no