demuestran las acciones de rescate que emprendieron científicos del museo para salvar particulares colecciones, incluso arriesgando su vida. El valor y estatus que ahora tienen los ejemplares de moluscos que pudieron ser librados del fuego por la acción arriesgada del ictiólogo Paul Backup, y que ahora han pasado a ser «la colección» de moluscos, no es intrínseco a la colección. Ese estatus es instituido por la autoridad que lo declara —en este caso la del ictiólogo—, por las prácticas del archivamiento de las piezas, y por los públicos que las reconocen —entre ellos la prensa que celebra el acto de heroismo del científico—.6 Más que un lugar que reúne conocimiento, el archivo es un lugar de producción de conocimiento (Stoler, 2010a) que emerge de las prácticas de colección, reunión, clasificación, catalogación y visibilización del material que operan como dispositivos de poder. Poner el énfasis en las prácticas archivísticas invita al mismo tiempo a considerar que el poder del archivo, su pretensión de totalidad materializada en la presencia de piezas o colecciones y el valor archivístico asignado, resulta de un conjunto de contingencias que están sujetas a las historias institucionales, y que responden a un entramado de complejas voluntades, iniciativas y juicios de quienes declaran algo como archivable (Derrida, 1994, p. 24; Kraus, 2015; Joyce, 1999). El ejemplo del incendio demuestra cómo la pretensión de permanencia en el tiempo y de totalidad, así como la del valor documental y testimonial del archivo, está siempre en entredicho.
El constante riesgo que corre la empresa archivística desata una gama de afectos que en el caso del fuego y la destrucción del museo incluyeron, además de la desesperación y desolación, no solo la indignación y la furia, sino también la solidaridad. No solamente de parte de los investigadores y demás trabajadores del museo, sino de los ciudadanos que salieron a la calle a protestar por lo que se consideraba un accidente propiciado por la negligencia del Estado, la corrupción y las políticas neoliberales que habrían llevado a la precariedad del edificio, de las colecciones, de sus científicos e, incluso, del archivo mismo.7 Más aún: la imagen del museo en ruinas se convirtió en metáfora de un país en ruinas aludiendo a la crisis política y económica, y a los escándalos de corrupción, que aquejan al Brasil.8 Tal retórica y el reclamo ciudadano que contiene esta metáfora remiten a la función que el archivo ha jugado como aparato gubernamental en la constitución de comunidades nacionales y de subjetividades políticas liberales (Joyce, 1999).
Tras el incendio aparecieron nuevos actores en el escenario, siendo antropólogos indígenas brasileños los primeros en señalar que la tragedia incluía la pérdida de la quizá más importante colección de las culturas indígenas del país, la de Kurt Unckel Nimuendajú. Ejercieron de esta manera autoridad al constatar justamente en este momento que el alemán que fue adoptado por los Apapocuvá-Guaraní y de ellos recibió el nombre que se traduce como «el que conquistó su casa/lugar», fuera el «principal etnógrafo brasileño» (Andreoni y Londoño, 2018). Al conferirle reconocimiento a la colección que él realizó a lo largo de unas cuatro décadas hasta su muerte en 1945, no reiteraron simplemente el estatus del que Nimuendajú ya gozaba en el ámbito de las ciencias y del patrimonio cultural brasileño; más bien, el investigador José Urutau, de la etnia Tenetehára-Guajajara, se manifestó de esta manera tras el incendio como vocero de los Tenetehára-Guajajara y declaró a estos como «herederos de un tiempo» (cf. Mbeme, 2002, p. 21). De ahí que la destrucción de estas piezas y otras 40 000 más de las sociedades indígenas del país en el incendio del Museo Nacional «se sintió como un nuevo genocidio», como él enfatizó frente al New York Times (Andreoni & Londoño, 2018).
Estas denuncias, en el sentido de que no se habían destinado fondos para la conservación del Museo Nacional mientras que, al mismo tiempo, se había ya adelantado el proyecto de un nuevo museo para la ciudad de Rio concebido para fines turísticos y comerciales, refieren a las transformaciones que de un lado viene sufriendo el archivo y las prácticas asociadas a él. En la actualidad se insertan en el marco de la instauración de políticas culturales de corte neoliberal y su lógica de optimización de recursos (Coombe, 2013). En tal sentido, el edificio en ruinas no solo simboliza la creciente precariedad del archivo y sus instalaciones, así como de las tareas que en él realizaban sus funcionarios con recortes presupuestales cada vez más severos, sino que, además, refiere a las dificultades y retos del propio proyecto archivístico moderno para garantizar su vigencia. Asimismo, el archivo se ve afectado en el contexto del desarrollo de las tecnologías digitales y de los medios sociales que lo colocan frente a un conjunto de nuevas oportunidades, pero también de retos.
Por un lado, hay una promesa de democratización del conocimiento y de inclusión de la diversidad que acompaña la digitalización de los archivos, más allá de su rol en la preservación. Sin embargo, como señalan Göbel y Müller (2017) y Vessuri (2017), la digitalización de los archivos conlleva además una serie de desafíos. Por un lado, las posibilidades de conectividad, colaboración en red y accesibilidad que la tecnología digital y las redes sociales traen consigo no garantizan una mayor democratización, ya que estas se organizan en contextos institucionales, tecnológicos y sociales de desigualdad histórica y estructural, en muchos casos más bien reproduciendo relaciones de poder y una distribución desigual de las condiciones de producción y acceso al conocimiento.
Por otro lado, surgen nuevos agentes que incluyen desde actores corporativos hasta activistas o ciudadanos de a pie, quienes, apoyándose en los medios digitales y a través de sus nuevas experticias, se desempeñan en la creación y puesta en valor de archivos en virtud de agendas científicas, de políticas culturales y de identidad, reclamos de derechos sobre recursos, activismos políticos, y comerciales (Garde-Hansen, 2009; Featherstone, 2010; Geismar, 2017). Estos, y las prácticas emergentes que se desprenden de los archivos digitales, desafían la autoridad del archivo como institución y de sus expertos respecto al control hegemónico que ejercen sobre la producción, interpretación y puesta en valor de colecciones científicas, históricas y culturales, así como el estatus de original de sus objetos. Las prácticas archivísticas emergentes al mismo tiempo invitan a repensar asuntos referidos a los derechos patrimoniales, a las implicancias políticas y éticas que se ponen en juego en el marco de la diversificación de los usos posibles, al carácter público/privado de los materiales de archivos, así como a su sostenibilidad en el tiempo. Si bien se trata de un escenario que plantea agencias alternativas a la del archivo moderno, cabe preguntarse cómo se ubican y establecen sus protagonismos, actores corporativos y actores de base. ¿Cuál es el rol de los archivos públicos en este escenario?, ¿cuál es su responsabilidad frente a la tarea de democratizar el acceso a los materiales y fomentar así la diversidad?
En sintonía con las críticas y las denuncias por negligencia, y animada por un sentimiento de amargura y solidaridad por lo ocurrido, circuló la propuesta de «reconstruir» el Museo Nacional de Rio de Janeiro a través de una acción en las redes sociales que consistía en compartir fotografías que investigadores y visitantes pudieran haber tomado del museo y en el museo. Aunque resulte paradójico, es precisamente la propuesta de un museo digital, nacida de un sentimiento de apego al archivo, la que anuncia el fin del archivo moderno al mismo tiempo que revela el posible surgimiento de un archivo del futuro en el cual los usuarios y sus «tácticas archivísticas» (Basu & De Jong, 2016) se vislumbran como los que tienen la palabra (ver introducción al volumen 2).
La situación de precariedad del Museo Nacional de Rio de Janeiro es compartida por otros museos en el mundo y sus colecciones, y tiene que ver con la obsolescencia de su edificación en el contexto de proyectos inmobiliarios y de desarrollo urbanístico innovadores, así como con lógicas mercantiles que imponen criterios de eficiencia en la gestión de instituciones culturales y científicas. En una línea similar se pueden entender los esfuerzos por llevar adelante la construccion e instalación del MUNA (nuevo Museo Nacional de Arequología) en el Santuario Arqueológico de Pachacamac, al sur de la ciudad de Lima, que compromete el traslado de la colección arqueológica del Museo de Arequeología, Antropología e Historia fundado en 1822, actualmente clausurado y que pasará a ser el Museo Nacional de Historia una vez que se restaure el antiguo local. Tales cambios implican una reconceptualización en la gestión de las colecciones, el vínculo con los públicos y la locación de los depósitos y salas de exhibición que privilegian la puesta en valor de las colecciones arqueológicas por su potencial para el mercado turístico. El tema de la precariedad se