una infraestructura que seguía atada a su pasado colonial, Bogotá se convirtió en su narración, en el símbolo por antonomasia del atraso colombiano.
La promulgación de la Constitución de 1886 fue, en efecto, el estandarte sobre el cual se legitimó esta situación: en vez de propiciar que se dieran las condiciones para cristalizar los adelantos que requería el territorio nacional, afianzó los principios que anteponían el desarrollo espiritual al material. Fruto de lo anterior fue que, en “un país caracterizado por su disciplina social y su cohesión cultural bajo las riendas del Estado y de la Iglesia” (Martínez, 2001, p. 538), el fomento a la inmigración extranjera se percibió como un riesgo para las costumbres, como una amenaza al establishment.
¿Cómo preservar el statu quo, cómo mantener en pie el edificio de la Regeneración? La respuesta esgrimida por los gobiernos regeneradores, especialmente a partir de los años noventa de la centuria decimonónica, cuando se agudizó el inconformismo social y aumentó el temor a un levantamiento del pueblo, fue controlando la política. Y justamente este control político ejercido desde el Gobierno fue el que impidió que se materializara la descentralización administrativa consignada en la carta magna y que se negara a los municipios la autonomía local.
La paradoja que encerró el proceso consistió, por ende, en que se asentó en un derrotero descentralizador que sirvió para robustecer la centralización; si bien es cierto que la Constitución de 1886 tenía como objetivo otorgarle mayor independencia al ámbito municipal, dotando para ello a las localidades de múltiples atribuciones para velar por el bienestar de sus habitantes, también lo es que, al mismo tiempo, las subordinó a que las decisiones tomadas por las autoridades municipales en pro de ese cometido fueran supervisadas por los diferentes agentes del Ejecutivo, circunstancia que en suelo bogotano causó que el poder local quedara supeditado a los intereses del poder central.
Las reflexiones que se harán en el apartado siguiente representan, dentro de este horizonte, una interpretación de la lucha que se vivió en Colombia desde finales del siglo XIX hasta la primera década del XX por plasmar en la realidad lo que estaba escrito en la norma. La no intromisión estatal en las facultades conferidas a las instituciones locales, el fin de la centralización practicada por los regeneradores, y la obtención, de facto, de la autonomía municipal, fueron los ejes centrales de la disputa.
Notas
1 La cita pertenece al artículo denominado “Quos vult perdere jupiter... (1)”, escrito en Cartagena el 27 de septiembre de 1891.
2 Esencialmente, los modelos a imitar fueron Buenos Aires y Ciudad de México, aunque en la prensa capitalina también se siguió de cerca lo sucedido en Santiago de Chile y Lima. Sobre este tema véase Suárez Mayorga (2017a).
3 Los Estados Unidos de Colombia, instituidos por medio de la Constitución de 1863, estaban integrados por nueve estados soberanos: Cundinamarca, Antioquia, Magdalena, Panamá, Bolívar, Santander, Boyacá, Tolima y Cauca.
4 Posada Carbó (2015) sostiene que “los independientes no eran una simple facción liberal”, sino que deben ser considerados como “un ‘partido’ más”. En su concepto, “cualquier análisis de la política colombiana durante este período debe partir, por consiguiente, del reconocimiento de un sistema partidista compuesto por tres actores principales: conservadores y liberales (radicales), establecidos desde mediados del siglo XIX, e independientes” (p. 33). Sobre esta cuestión, véase también Deas (1983).
5 Rafael Núñez no pudo asumir la presidencia en la fecha estipulada, así que por unos meses la asumió Ezequiel Hurtado (de abril a agosto de 1884). Hay que recalcar que, pese al respaldo conservador, en el discurso pronunciado por el cartagenero el 11 de agosto de 1884 al posesionarse como presidente él afirmó: “Miembro irrevocable del liberalismo colombiano, no omitiré cuanto de mí dependa para recomponer sus diseminadas fuerzas, considerándolo sinónimo de justicia en acción y de moralidad” (Núñez, 2014, p. 1214).
6 Es a raíz de esta guerra que Rafael Reyes (1849-1921) termina defendiendo la causa nuñista. Luego de “[sufrir] un atentado en Cali (1885)”, el boyacense se “une a los ejércitos que combatían” entre esta ciudad y “el paso de la Balsa” (Pantoja, Coral Bastidas, Goyes Moreno, Ibarra Martínez, Vallejo, 1986, p. 129). Los triunfos que obtuvo lo llevaron a ascender rápidamente a general y a ganar reconocimiento, circunstancia que generó que el propio Rafael Núñez le escribiera una “nota” pidiéndole que le ayudara a “recuperar el Istmo de Panamá” (p. 129). Tras conseguir “la rendición de los sublevados” (p. 130) regresó a Colombia, en donde alcanzó otras victorias que lo consagraron como estratega militar.
7 Rafael Núñez criticaba el clientelismo de los radicales, pero él mismo representaba el prototipo del hombre público “de origen pobre o modesto que se enrique[ció] gracias a un nombramiento diplomático” (Martínez, 2001, p. 159), pues había ascendido socialmente en virtud de “la obtención de los dos cargos consulares más lucrativos de Colombia: El Havre” (1864) y “Liverpool” (1870-1874) (p. 159).
8 En un artículo titulado “La reforma”, escrito el 25 de febrero de 1883, Rafael Núñez ya aseguraba que era preciso “reemplazar la muerta Constitución de 1863 con una nueva en consonancia con las necesidades sentidas” (Núñez, 1986, p. 49). Miguel Antonio Caro, por su parte, consideraba que los “derechos y libertades absolutas consagradas” en la Constitución de Rionegro “impedían ejercer el gobierno y habían sumido al país en la anarquía” (Cruz Rodríguez, 2011b, p. 100).
9 González González (1997) dice que la Constitución de 1886 acabó siendo un texto totalmente distinto al pensado por Rafael Núñez debido a la “influencia del doctrinario conservador Miguel Antonio Caro” (p. 49). El análisis de la ideología regeneracionista que se efectuó en el transcurso de la investigación pone en entredicho esta afirmación; si bien es cierto que el bogotano tuvo gran influencia en la redacción de la carta magna, también lo es que entre ambos siempre existió un mismo fin: construir un Estado fundado en el orden moral. Historiográficamente se presenta a Rafael Núñez como “el reformador modernizante, promotor de una idea pragmática y positivista del orden y progreso” y a Miguel Antonio Caro como “el tradicionalista hispanizante, defensor de un orden social orgánico y estratificado” (Múnera Ruiz, 2011, p. 15). Sin embargo, aquí se plantea que es equivocado seguir aseverando (en la línea trazada por Raimundo Rivas) que la Constitución de 1886 fue obra del filólogo bogotano, quien la apartó “sustancialmente de los anhelos regeneradores, de los de su jefe y de las causas que habían determinado, en lo social y en lo político, esa saludable orientación” (Restrepo, 1930, p. 52). De hecho, hace décadas Malcolm Deas llamó la atención sobre la necesidad de efectuar “una monografía con algo de sentido comparativo” (Deas, 1983, p. 56) sobre Miguel Antonio Caro para entender apropiadamente su gobierno. Todavía esta es una tarea pendiente.
10 Gómez Muller (2011) plantea que la Regeneración “no fue solo un programa de reconstrucción de la Autoridad pública”, pues para “Núñez y los demás regeneracionistas, la reconstrucción del Estado era en efecto indisociable de la reconstrucción de la Nación, esto es, de lo que Núñez denomi[naba] la ‘unidad moral’ de la sociedad colombiana” (p. 126).
11 Ambas citas pertenecen a un artículo denominado “Las amenazas” escrito en Cartagena el “14 de octubre de 1883” (Núñez, 1986, p. 36).
12 Esta última cita se extrae del artículo titulado “La reforma”. En un discurso pronunciado en 1881 en la Universidad Nacional, Rafael Núñez declaró: “Eso que comúnmente llamamos civilización y progreso, no es, en su objeto final, sino una simple obra de educación de las facultades morales, a la cual contribuyen toda categoría de elementos y circunstancias” (Francisco, 1983, p. 9). Interesa anotar que Francisco es un pseudónimo; basado en sus hallazgos, este autor también considera a Rafael Reyes como un regenerador, pues estima que la Regeneración comenzó con el Gobierno del general Julián Trujillo y finalizó con la salida al exilio del general boyacense.
13 Este concepto se encuentra en el artículo titulado “Regeneración o rehabilitación” (Núñez, 1945b, p. 131), escrito en Cartagena el 21 de octubre de 1883.