balsas de cultivo, aplicando medidas y tecnologías preventivas (Buschmann et al., 2021). En este modelo es preciso internalizar los costos ambientales de las descargas de nutrientes e implementar medidas de mitigación, como el cultivo integrado con algas y/o filtradores. Bajo un enfoque precautorio, sería razonable congelar el avance de la salmonicultura en Magallanes hasta que se cuente con medidas de mitigación y un sistema regulatorio que permita prevenir los impactos del crecimiento en biomasa y descargas de nutrientes.
• Recomendaciones de planificación de la conservación mar-tierra-sociedad. Es urgente fomentar una planificación y gestión integrada de los ecosistemas marino-terrestre-agua dulce para optimizar los esfuerzos de conservación y la transferencia de capacidades ya instaladas en la Patagonia chilena. Uno de los problemas del sistema de áreas protegidas actual es que el análisis de los costos y acciones de conservación relacionadas con las interfaces mar-tierra no han sido integradas en la gestión ni en las prioridades de conservación (Ban et al., 2013). El modelo actual de selección de reservas marinas y terrestres asume usualmente que cada sitio es un sistema ecológico independiente. La intervención humana en el manejo y la extracción de recursos de los sistemas terrestres costeros (bosques y humedales) pueden alterar gravemente las cuencas hidrográficas conectadas con el océano, afectando la biodiversidad marina (Álvarez -Romero et al., 2011; Rozzi et al., 2021). Es importante que el reconocimiento de la conectividad entre agua, bosques y suelos se integre en el concepto de cuenca hidrográfica, como instrumento de políticas públicas y/o de planificación de la conservación y cambios de uso del suelo a nivel regional. Se recomienda diseñar un sistema de incentivos a los propietarios, para conservar las áreas más prístinas o valiosas, junto con mejorar la gestión en el manejo de las mismas. Los bosques antiguos de la Patagonia chilena ocupan importantes cuencas hidrográficas. La consideración de las interacciones (flujos de agua, materia y energía) entre ecosistemas acuáticos y terrestres y su focalización en planes de conservación podría marcar una diferencia con el resto de Chile. Proponemos poner en el primer plano la necesidad de monitoreo y reconocimiento del valor patrimonial de la fracción de bosques intactos que protegen las cabeceras de las cuencas de la región (Astorga et al., 2021; Reid et al., 2021).
Dada la velocidad del crecimiento turístico, se requiere con urgencia vincular la gestión de las áreas protegidas con la planificación del desarrollo regional (Guala et al., 2021, Nahuelhual et al., 2021). Entre otros espacios, esto puede ocurrir en los procesos de generación de los Planes Regionales de Ordenamiento Territorial y de la Zonificación de Usos del Borde Costero. El crecimiento del sector turístico podría generar efectos adversos sobre el medio ambiente y algunas formas de biodiversidad, al aumentar el consumo de recursos, la producción de residuos, la construcción de caminos que acelera la introducción y propagación de especies exóticas y aumento de la probabilidad de incendios forestales en zonas apartadas (Belsoy et al., 2012). Por ello es importante avanzar en la planificación del manejo de actividades humanas dentro y alrededor de las áreas protegidas, identificando zonas con diversas oportunidades para promover en conjunto el desarrollo humano, a través de la conservación de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos (Hull et al., 2011). Es necesario que la Corporación Nacional Forestal (administradora del SNASPE hasta hoy) y organismos que en el futuro cautelen el patrimonio ambiental de Chile, como el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, sean invitados a participar en las entidades que regulan el uso de las zonas costeras, incluyendo las Comisiones Regionales de Uso del Borde Costero.
• Consolidación financiera del sistema de áreas protegidas. Considerando que las áreas protegidas terrestres, marino-terrestres y marinas son uno de los instrumentos fundamentales para la conservación de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos, y que la Patagonia chilena tiene una alta cobertura de áreas protegidas, con bajos niveles de gestión e inversión pública, se recomienda un plan de inversión pública y privada orientado a establecer los cimientos de una gestión coordinada entre todas las unidades de conservación patagónicas. Es prioritario avanzar hacia un financiamiento estable y de largo plazo del sistema de áreas protegidas de la Patagonia chilena que cree incentivos para su evaluación y mejoramiento continuo (Tacón et al., 2021; Tecklin et al., 2021). Los presupuestos anualizados deben asegurar un piso mínimo para la protección de todas las áreas, reduciendo así la presión por los ingresos derivados del turismo local canalizados a la conservación. Los mecanismos de financiamiento de la conservación patagónica deben considerar la gran brecha que existe entre la extensa superficie protegida y la magnitud de la inversión que hace el país, o el correspondiente pago por los servicios que la naturaleza protegida presta a los habitantes y a la sustentabilidad global. La incorporación explícita de los centros académicos regionales, de las comunidades indígenas y grupos de ciencia ciudadana en las tareas de gestión y conservación es esencial. Además, es necesario diseñar mecanismos públicos y público-privados de financiamiento y apoyo técnico para todas las figuras de protección marina, incluyendo las áreas marinas protegidas convencionales, como SNASPE, ECMPO y AMERB.
• Consolidación de una red integrada de áreas de conservación marina efectivamente protegidas en Patagonia chilena. El singular carácter archipelágico de la Patagonia chilena representa un desafío para la protección y conservación de los maritorios y las interfaces terrestres-marinas-dulceacuícolas, que difiere de las fórmulas de gestión en la mayoría de las áreas protegidas de Chile. En la Patagonia chilena, la conservación marina presenta aún muy serios déficits en términos de planes de manejo, monitoreo, seguimiento, fiscalización, financiamiento y comunicación hacia los ciudadanos. Actualmente, la gran mayoría de estas áreas marinas lo son solo en el papel y algunas de ellas aún conviven con actividades de acuicultura en su interior o están abiertas a las pesquerías artesanales y de mediana escala. En forma urgente se requiere pasar a la acción de conservación proactiva, tomando en cuenta los cambios ambientales globales que enfrenta la Patagonia chilena (Marquet et al., 2021). Además, se requieren nuevas aproximaciones metodológicas, como por ejemplo, el desarrollo de mapas de alta resolución (marinos y terrestres) de almacenamiento de carbono, en conjunto con mapas de biodiversidad y de servicios ecosistémicos, para identificar y proteger áreas con los mayores co-beneficios (Soto-Navarro et al., 2020). Se hace urgente estudiar y proponer una red de áreas marinas de conservación más integral y representativa que la actual, que por un lado diferencie, y por otro aúne la Patagonia norte, central y sur. La futura red de áreas patagónicas marinas de conservación debe contemplar el desafío, no solo de cubrir y representar adecuadamente los diferentes ecosistemas, sino que, además, compatibilizar con las actividades productivas actuales y futuras considerando las aspiraciones y derechos de los pueblos originarios.
Es una prioridad incorporar en los planes de manejo la porción del borde costeromarino de cada una de las unidades Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Estado (SNASPE) que contienen áreas legalmente reconocidas dentro de sus perímetros (Tecklin et al., 2021). Además, se propone el desarrollo de un protocolo y procedimientos legales para reconocer el carácter de áreas marinas protegidas de los Espacios Costeros Marinos de Pueblos Originarios y de las Áreas de Áreas de Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos, cuando sus titulares así lo soliciten, y generar un sistema de apoyo estatal para tales gestiones, incluyendo la preparación e implementación de los planes de manejo y administración.
• Diseño y ejecución de sistemas estandarizados de monitoreo de biodiversidad y estado de conservación de ecosistemas y sus servicios ecosistémicos. Se propone diseñar y aplicar, en conjunto con los encargados de las áreas protegidas, un sistema de monitoreo de largo plazo, y bajo costo, con una red mínima de 40 sitios de seguimiento distribuidos en los diferentes ecosistemas terrestres, ambientes dulceacuícolas, maritorio y criósfera. Se estima necesario incorporar en estas actividades de monitoreo ambiental a los múltiples usuarios de la biodiversidad y de los ecosistemas, especialmente los relacionados con acuicultura, pesca, turismo, transporte, extracción de recursos, minería, y otros (Nahuelhual et al., 2021). Los sistemas de monitoreo a largo plazo del estado de los ecosistemas más frágiles o valiosos (e.g., turberas, bosques intactos) son fundamentales debido a que proyectos tales como: la construcción del Puente de Chacao, la pavimentación de la carretera Austral, la ruta que conectará