y poblacionales), pero no por ello menos complejos que en otros espacios sociales caracterizados o catalogados como urbanos.
Las relaciones entre lo estatal y la organización no estatal (redes de cooperación), son más comunes o más fáciles de identificar en espacios rurales, por ejemplo: organizaciones para la administración del agua sin intervención del Estado, llegando hasta la organización de grupos de autodefensas (seguridad pública), como medios para dotar de seguridad; organizaciones de carácter religioso que facilitan de capacidad de mando a actores locales, entre otros. Estas formas de organización, como ya se mencionó, ampliamente cargadas de elementos simbólicos que las dotan de significado y crean identidades que dan vida a las particularidades de la organización social en lo rural, tienen un punto de encuentro con lo estatal, de ello se derivan innumerables formas de vivir lo público; desde la colaboración de forma directa sin mayor oposición a las decisiones estatales, como aquellas que se oponen tajantemente a las decisiones estatales y son vistas como invasivas en algunos espacios rurales.
Por ello, se recupera en un principio la idea de Bevir (2013), cuando refiere a la narrativa como una forma más completa, o al menos, con menor contenido ideológico, menor contaminación para dar cuenta de las relaciones de poder entre actores estatales y no estatales. De alguna forma, también Zurbriggen (2011), en el tercer concepto, en el que ofrece un elemento integrador de las formas de organización entre actores estatales y no estatales sin cargas normativas, como mecanismo para dar cuenta de una compleja forma de ejercer el poder, también aporta a la idea de documentar dentro de las redes de política pública todos los procesos en que éstas se ven inmersas entre los diversos actores, así como sus consecuencias, por ello es una visión integradora.
Finalmente, la propuesta de Arellano, Sánchez y Retana (2014), al hacer referencia a la gobernanza a secas, como el proceso para la toma de decisiones relacionado con la o las formas de integración de la autoridad y la capacidad de ejecutar acciones, decididas por alguien o por algunos, nos da luz, en conjunto con la idea de Bevir (2013) y Zurbriggen (2011), de la importancia de documentar (narrativa), o lo que se puede definir como una etnografía de redes, para dar cuenta de los procesos de toma de decisiones y, en general, del ejercicio de poder entre diversos actores en torno a problemas públicos y que al proporcionar una mayor cantidad de datos ligados a las diferentes redes pueden intervenir en estos procesos, arrojando mayor luz sobre la complejidad de los ejercicios de poder y las significaciones de los actores en torno a la toma de decisiones y el emprendimiento, o no, de acciones en torno a un problema público, lo cual puede ser entendido como gobernanza.
El capturar los elementos que dan sentido a las decisiones colectivas, sea cual sea ésta, permite entender de mejor manera los procesos y resultados de la interacción entre actores públicos, privados y sociales en la búsqueda por dar respuesta a problemas públicos; dichos elementos que dan sentido, adquieren mayor relevancia en la apreciación de estos procesos en espacios rurales, dado el alto contenido simbólico de sus formas de organización.
REFLEXIONES FINALES
Hasta aquí se ha intentado hacer un breve pasaje en la evolución del concepto de gobernanza, tratando de resumir la amplitud del concepto y en alguna forma delimitarla, para concentrarnos en dos maneras de abordarlo. Por una parte, asumiendo su carga normativa y partiendo de ésta para analizar las interacciones de los actores en la arena pública, funcionando como mecanismo de evaluación de las acciones emprendidas, así como herramienta discursiva que pretende minimizar los efectos de ilegitimidad derivados del sector público y, cada vez más, del sector privado; en este sentido, lo que se evalúa principalmente es la cercanía de la acción, con el principio normativo, más que la interacción entre los diversos actores y todo lo que dicha interacción, por lo general conflictiva, implica.
La otra forma parte de observar a la gobernanza desde el término más general, como una herramienta teórico-conceptual que pretende dar cuenta del ejercicio del poder en lo público, las formas en que éste se fragmenta, así como las acciones, resultados y consecuencias de dichas interacciones de poder realizadas por actores más o menos constantes y heterogéneos, en problemas diversos en escenarios variables y contingentes, caracterizados por el conflicto.
Esta última forma permite observar procesos no deseados, entendiendo que no toda decisión resulta de procesos de consenso más o menos estable, por el contrario, puede resultar de procesos de cooptación, control, imposición y aprovechamiento de espacios de incertidumbre que les permiten tomar ventaja sobre otros (grupos, organizaciones y/o individuos) e imponer sus intereses sobre el resto. Por lo tanto, no siempre resulta la observación de procedimientos y herramientas discursivas lógicas y estructuradas coherentemente, es decir, en procesos racionales. Por el contrario, lo irracional en este sentido no deberá ser entendido como una patología, sino como una respuesta que da cuenta de cómo la acción o inacción se ejerce en contextos plurales y dinámicos, así como los intentos por imponer procesos racionales tiende a derrumbarse (Arellano, Sánchez y Retana, 2014; Bevir, 2013).
Por lo tanto, la gobernanza en este sentido puede mostrar qué actores prevalecerán sobre otros, siendo éstos los que cuenten con mayores capacidades, recursos cognitivos, informativos, persuasivos y materiales que les proporcionan ventajas en el control de los espacios de incertidumbre, logrando colocar sus preferencias por encima de la de otros menos favorecidos en tanto a recursos, esto se entiende como una narración amplia de procesos y descripción de las redes de participación y toma de decisiones (Arellano, Sánchez y Retana, 2014; Bevir, 2013; Zurbriggen, 2011).
Cualquiera de las formas que se opten para analizar las relaciones de poder entre actores públicos, privados y sociales, sea normativa o no, y/o responda a las modificaciones estructurales y organizacionales de los actores públicos, o el análisis de redes de colaboración, o la fragmentación del poder, entre otras, la gobernanza resulta una concepción teórica útil para dar cuenta de la interacción de grupos y/u organizaciones dentro de lo público, de lo concerniente a lo común y puede permitir un acercamiento a la realidad, partiendo de las diversas formas de acceder a ésta.
Pero, no se omite realizar crítica a la concepción normativa de la gobernanza, ya que resulta pertinente y hasta deseable, sobre todo si se parte de la idea de que el elemento participativo es un mecanismo igualador de oportunidades en estructuras horizontales, como su argumento central y soporte empírico, propio de los valores de la gobernanza, entendiendo esto como una forma de inclusión equitativa (Arellano, Sánchez y Retana, 2014). Sin embargo, como se mencionó anteriormente, un tanto ingenuo, ya que la lógica organizacional no siempre responderá en mecanismos horizontales igualadores que den como resultado una equivalencia de fuerzas en los procesos de toma de decisiones en los actores presentes; por el contrario, se puede entender como un elemento que agrega complejidad y es precisamente éste procedimiento (ampliar la base de participantes, bajo el supuesto de igualdad y equidad), el que resulta como un elemento que facilita la fragmentación del poder al ampliar la vitrina de intereses, necesidades y deseos de una pluralidad de actores.
Así, podríamos decir que no existe una ecuación única y finita para dar cuenta de las amplias formas de relaciones que se dan entre actores en la arena pública, las ecuaciones pueden ser tan vastas como actores dentro del espacio público, por lo tanto existe una particularidad en la generación de redes de intereses y alianzas que se forman en torno a deseos y preferencias; esto es, cada caso resultará como único, aunque se parta del mismo supuesto teórico.
Por lo tanto, resulta importante resaltar y recordar la importancia que tienen las particularidades bajo las cuales se analizan los procesos de gobernanza, es decir, las características de los actores, las tradiciones culturales de espacio geoespacial, el contexto sociohistórico, las tradiciones mercantiles y, en general, la caracterización que encierra la interacción de actores, en espacio-tiempo determinados. Ya que de éstos depende en gran medida la trayectoria de las interacciones, delimitando oportunidades, caracterizando redes y marcando resultados.
Con ello, la carga de la evidencia empírica puede dar el apodo o apellido a la gobernanza: buena, democrática, autoritaria, regular, etc. y no al contrario, una fuerte carga normativa preconcebida, que generalmente no se cumple, pero que puede servir como elemento discursivo para un modelo ideal de organización social en la toma de decisiones colectivas; el seguimiento y evaluación