guerra de 1973 contribuyó sin embargo al prestigio internacional de la OLP. En 1974 la OLP fue reconocida representante de los palestinos por la Liga Árabe. Y en septiembre del mismo año 56 estados miembros de Naciones Unidas pidieron que la «cuestión de Palestina» se incluyera en el programa de la Asamblea General, en el que continúa desde entonces tras aprobarse la propuesta. Igualmente la Asamblea General aprobó la Resolución 3236 (XXIX), de 22 de noviembre de 1974, en la que se reafirmaron los derechos del pueblo palestino a la libre determinación, a la independencia y soberanía nacionales, así como al regreso de los refugiados a sus hogares y a recuperar sus bienes. Su contenido, desde entonces, se ha ratificado anualmente.
El mismo día, la Asamblea General decidió mediante una nueva Resolución [3237 (XXIX)] invitar a la OLP a participar en sus reuniones «en calidad de observadora», categoría que se extendió después a las demás instituciones de Naciones Unidas. A pesar del apoyo internacional al pueblo palestino, Israel siguió negándose a reconocer sus derechos, entre otras razones porque ni los representantes palestinos (la OLP) ni la mayoría de los estados árabes aceptaban la existencia del estado judío, decidida desde 1947 por la ONU.
Como consecuencia de los hechos anteriores aumentó la inestabilidad en Oriente Próximo, aunque más en unos lugares que en otros. El empeoramiento fue especialmente intenso en la frontera entre Israel y el Líbano, cuya inmigración de palestinos procedentes de Jordania creció desde 1970. Dos años después, en represalia por las incursiones palestinas en su territorio, el ejército israelí atacó los campamentos de refugiados palestinos en el Líbano. El gobierno de este país solicitó entonces la mediación de la ONU para acabar las hostilidades, operación que fue supervisada por observadores militares internacionales de Naciones Unidas. A pesar de ello, entre marzo y junio de 1978 el ejército de Israel invadió el Líbano y desde entonces la frontera entre ambos países siguió siendo inestable.
Gracias a la mediación diplomática norteamericana, las negociaciones entre árabes e israelíes produjeron entretanto algunas satisfacciones. Aunque la intransigencia del gobierno sirio imposibilitaba cualquier avance con ese país, la actitud conciliadora de los egipcios dio sus frutos en 1977 con la visita de Anwar el-Sadat a Jerusalén. En septiembre de 1978, bajo el amparo de Estados Unidos y con la total oposición de numerosos estados árabes y de la OLP, Egipto e Israel concertaron los históricos acuerdos de Camp David, en virtud de los cuales se firmó un tratado de paz entre ambos países (marzo de 1979). Egipto reconoció el derecho de Israel a existir y ofreció estabilidad en la frontera; a cambio, el estado judío se retiró del Sinaí (abril de 1982). Israel también aceptó en Camp David iniciar conversaciones con Jordania y los palestinos para el autogobierno de los habitantes de Cisjordania y Gaza por un periodo de cinco años previo a un acuerdo definitivo, así como un tratado de paz jordano-israelí. Sin embargo, la negativa de los dirigentes palestinos convirtió este proyecto en un fracaso.
A pesar de ello, los Acuerdos de Camp David probaron que era posible el entendimiento entre árabes y judíos. Aun así, el problema principal seguía siendo la cuestión palestina. ¿Por qué Israel se negaba a un estado palestino? Parte de esa culpa correspondía a la OLP, opuesta a posturas conciliadoras y cada vez más fuerte. Esta entidad ya disponía de mayores ingresos, porque las ayudas de estados árabes aumentaron tras el alza en los precios del petróleo; además su posición política era más fuerte porque, entre otras razones, Arafat consiguió más apoyos de países del Tercer Mundo difundiendo las ventajas del idealismo socializante. En ese momento, desde luego, el robustecimiento de la OLP fue perjudicial para la paz, porque a juicio de Arafat la afirmación de los palestinos como pueblo implicaba necesariamente la destrucción de Israel, incitando a la guerra y al terrorismo como medios eficaces para conseguirlo.
Entretanto las difíciles condiciones de vida de los campamentos de refugiados palestinos en los territorios ocupados por Israel ―que tampoco los grandes capitales árabes se esforzaron demasiado por mejorar―, el crecimiento de asentamientos judíos en fronteras no reconocidas por nadie y la necesidad del petróleo árabe para el desarrollo económico condujeron a un casi total aislamiento internacional de Israel. Este, empeñado en usar todos los medios a su alcance para subsistir, siguió recurriendo en ocasiones a la expansión territorial para reforzar su seguridad, práctica que también comenzaron a cuestionar muchos judíos de la diáspora.
Para eliminar la infraestructura de la OLP, suprimir esa amenaza cerca de sus fronteras y responder al intento de secuestro de su embajador en Gran Bretaña por el grupo terrorista dirigido por el palestino Abú Nidal, en 1982 el gobierno de Israel ordenó a su ejército invadir el Líbano. Durante más de dos meses Beirut fue asediada y las falanges libanesas aliadas de Israel asesinaron a cientos de civiles palestinos en los campos de refugiados de Shatila y Sabra. El gobierno israelí trató de justificar ante su opinión pública la invasión denominándola «Operación Paz para la Galilea», porque así lo consideraba. Por eso, a pesar de la petición de la ONU para que se retirara [Resolución 509 (1982)], el ejército israelí permaneció en Líbano como fuerza invasora hasta 1985, año en que emprendió su repliegue.
De todos modos, en la zona libanesa fronteriza con Israel se instaló el llamado «Ejército del Líbano meridional», aliado del estado judío y asesorado por fuerzas de defensa de Israel asentadas en el territorio. Dicho espacio libanés fue considerado «zona de seguridad» por Israel que, en repetidas ocasiones, ha asegurado que no tiene el menor interés en apropiarse de territorios o recursos libaneses, sino que solo quiere garantizar la seguridad en su frontera septentrional. A pesar de ello, las reiteradas provocaciones del grupo islámico radical Hizbulá condujeron en 1993 y en 1996 («Operación Uvas de la ira») a sucesivos ataques del ejército israelí y a una situación de alerta permanente. Por fin, entre el 17 de abril y el 2 de mayo de 2000 el ejército israelí se retiró tras la línea territorial determinada por Naciones Unidas.
Nuevamente en 2006 el ejército israelí repelió con dureza los ataques perpetrados por Hizbulá desde el Líbano. Las hostilidades de la llamada «Segunda Guerra del Líbano» o «Guerra de julio» comenzaron el 12 de ese mes, cuando miembros de Hizbulá mataron a varios soldados israelíes y secuestraron a otros en la frontera israelo-libanesa. Desde entonces el ejército israelí contraatacó con fuerza y, a su vez, Hizbulá lanzó más de 4.000 misiles contra blancos civiles israelíes, provocando 44 muertos y cuantiosos daños económicos.
Las muertes de civiles y militares del conflicto en el Líbano cesaron por fin tras adoptarse el 11 de agosto de 2006 la Resolución 1701 del Consejo de Seguridad de la ONU y entrar en vigor tres días después. La resolución pidió a ambas partes el cese de las hostilidades, exigió a Hizbulá la liberación de los soldados secuestrados, resaltó la importancia de que el gobierno libanés controlara todo su territorio y le instó a desplegar sus fuerzas conjuntamente con la UNIFIL (Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en el Líbano). A su vez, la Resolución 1701 solicitó negar la venta de armas al Líbano ―excepto con autorización del propio gobierno libanés― y pidió a Israel la entrega de los mapas de minas terrestres en el Líbano que estuvieran en su posesión.
Desde el cese de las hostilidades en 2006 hasta 2013 Hizbulá mantiene su rechazo a Israel y, según numerosos informes internacionales, ha logrado rearmarse lo suficiente como para convertirse de nuevo en un factor de preocupación para el gobierno israelí. Además, la precaria situación política de Siria e Irán, países tradicionalmente soportes de Hizbulá, puede contribuir a desestabilizar un movimiento ya de por sí radical y aumentar las tensiones en la frontera israelo-libanesa.
Años antes, en diciembre de 1987, las difíciles condiciones de vida en los territorios ocupados de Cisjordania y Gaza habían provocado el comienzo de una insurrección popular palestina que se prolongó hasta 1993. La sublevación, que recibió el nombre de Intifada (Levantamiento) y cristalizó en huelgas, protestas, resistencia a pagar impuestos y otras formas de rebeldía contó con el apoyo masivo de la población. Utilizando piedras como armas arrojadizas y aprovechando cualquier oportunidad, los jóvenes palestinos se lanzaron al ataque de las tropas israelíes de ocupación.
Según el profesor francés Gilles Kepel, especialista en el mundo musulmán, la primera característica de la Intifada fue precisamente «la emergencia de la juventud como figura política autónoma, [...] que ninguno de