se produjo en las filas conservadoras por el juramento”. Exoneraba en cambio explícitamente de toda culpa a la Unión Liberal, pese a la conducta de “tres radicales traidores” que no debía hacerse extensiva al conjunto de dicha alianza, respecto de la cual declaraba no tener motivo alguno de queja, “porque realmente me consta no puede ser responsable de este crimen”117. Al publicar su propia versión de este incidente varios años después, en su folleto “Mi juramento en la Cámara de Diputados”, Recabarren insistía en atribuirlo al “grupo lazcanista despechado porque no pudo obtener mi cooperación a la candidatura Lazcano”, aunque ahora se cuidaba de agregar a esas motivaciones “el odio a los ideales de mejoramiento de los obreros”.
No es fácil separar en esta compleja trama las aprehensiones que efectivamente suscitaban el discurso y la praxis de Recabarren de los intereses electoralistas más inmediatos. En el mismo editorial en que fustigaba su expulsión de la Cámara, El Mercurio de Santiago reconocía que “el diputado de Antofagasta ha sido durante los últimos años el caudillo de las agitaciones populares en el norte del país y se le ha culpado de promover disturbios, de encabezar desórdenes y motines”. Por su parte, un “Manifiesto Demócrata” publicado por la fracción de Malaquías Concha días después de la ruptura partidaria denunciaba “las teorías anárquicas sustentadas y hasta llevadas a la práctica por los Diputados señores Recabarren y Veas”, a quienes acusaba de sostener que “por los medios más violentos, tales como huelgas y asonadas callejeras, se despierta y aviva en el pueblo los sentimientos de independencia y libertad, no importando el sacrificio de cientos de vidas para alcanzar los fines”. Se atribuía incluso a Recabarren la afirmación de “preferir a un tirano, como Montt, para despertar la conciencia dormida del pueblo y llevarlo a derribar las Bastillas de los grandes señores de Chile”118. Enfrentado a esta última acusación, el aludido clarificaba que “lo que yo he dicho y sostengo es que la Presidencia del señor Montt significa la tiranía contra todos los abusos, contra los atentados al tesoro nacional, en una palabra, el señor Montt será tirano con los logreros y los ladrones”119.
Como lo evidencian estas expresiones, la línea divisoria entre la pugna interna del Partido Demócrata y el posicionamiento en la campaña presidencial podía tornarse bastante borrosa, otorgando a lo menos alguna credibilidad a quienes acusaban a Recabarren de favorecer “objetivamente”, o incluso “subjetivamente”, la candidatura de Montt. A la luz de la responsabilidad que le cupo posteriormente a este mandatario en actos represivos como la matanza de Santa María de Iquique, no deja de ser una imputación incómoda. Tal vez así se explique que en su publicación retrospectiva de estos hechos Recabarren haya optado por omitir las sesiones en que se produjo su primera expulsión, fuertemente marcadas por la disputa electoral, incluyendo en su folleto solo la del juramento y las que meses después, cuando la elección de Montt ya era historia, confirmaron definitivamente la investidura parlamentaria de Espejo.
Porque en el intertanto, específicamente el 26 de agosto de 1906, se había repetido la elección para diputado por Tocopilla y Taltal, atribuyéndose ambas candidaturas la victoria y acusando a la otra de cometer diversos fraudes (según el periódico demócrata La Reforma, Recabarren venció esta vez por 2882 votos contra 2834 para Espejo120). Llegada nuevamente la discusión a la Cámara de Diputados, la posición del radicalismo fue esta vez, ya superadas las contemplaciones provocadas por la campaña presidencial, de apoyo irrestricto a su correligionario Espejo. En consecuencia, la elección de este último fue ratificada, en sesión de 26 de octubre, por 32 votos contra los dos de los demócratas doctrinarios Veas y Leiva, más tres abstenciones, incluyendo la de Malaquías Concha. Recabarren quedaba así definitiva y formalmente expulsado de la Cámara.
Defendiendo ahora personalmente su posición, Recabarren acusó a los diputados de dar más crédito “a la palabra del caballero que a la del indigente, la del pobre”, y sentenció: “Cuando la clase trabajadora lleva sus representantes a las instituciones públicas bajo el amparo de las leyes existentes, llega la mano enguantada del caballero a usurparle su legítima representación, manifestándole que no es digna de su compañía”. Acusado por el diputado conservador Cox Méndez de exagerar “una distinción entre caballeros y pobres, que en una República no existe”, respondió no ser él, sino la propia Cámara la que ponía de relieve dicha división, “cuando al pobre, por el solo hecho de ser pobre, se le señala la puerta”. Y concluía: “conozco un poco la historia de la Humanidad y en ella he aprendido que en más de una ocasión se han producido en los pueblos cataclismos sociales espantosos que han precipitado en un mismo abismo a ambas clases sociales. Yo no quiero ver confundirse en un abismo de sangre a los hermanos de una misma nación; pero si ello llegara a suceder no seríamos nosotros los culpables”121.
Haciéndose eco del mismo sentimiento, el directorio general del Partido Demócrata Doctrinario publicaba días después un manifiesto en que junto con expresar su protesta por el “crimen político” perpetrado en perjuicio de su correligionario, instaba al pueblo, “a la clase trabajadora principalmente, a recoger este guante que la oligarquía le ha arrojado al rostro, y plantear de una vez por todas, franca y resueltamente, la división de clases, yendo a una lucha abierta y constante contra todos los hombres y los partidos que acaban de dar la más elocuente prueba de su desprecio y su odio por todo lo que al pueblo pertenece”122. A la postre, la apuesta electoralista de Recabarren había terminado por exacerbar las mismas polarizaciones sociales que había dejado momentáneamente en suspenso, empujándolo por un camino que no mucho tiempo después desembocaría en su adscripción franca y plena al socialismo.
Durante los mismos días en que se ventilaba este debate, y según Recabarren no por mera casualidad, la Corte de Apelaciones de Tacna emitió finalmente su fallo en la causa que se le seguía junto a Gregorio Trincado y otros directores de la Mancomunal de Tocopilla desde comienzos de 1904. Según el dictamen del fiscal de dicho tribunal, tras una fachada benéfica orientada a la provisión de socorros mutuos, el auxilio a los socios enfermos, la protección al trabajo y la instrucción de los asociados, se ocultaba un ente destinado a “conquistar prosélitos para lanzarlos en revueltas, asonadas, en ataque a la propiedad y a las personas, en insubordinaciones y amenazas, encendiendo el odio en las clases trabajadoras o proletarias contra los industriales y las clases acomodadas, predicando el desobedecimiento de la ley y la autoridad constituida, y amenazando e insultando las instituciones sociales más respetables y necesarias, y pretendiendo trastornar el orden social y la organización política”. En suma, “no persiguen una evolución saludable, sino la revolución social”, o dicho de otro modo, “el anarquismo en acción”. Amparada en tan tremendos cargos, sustanciados por el fiscal con una profusión de citas del periódico El Trabajo y de cartas particulares incautadas a Recabarren, con fecha 2 de octubre de 1906 la Corte de Tacna sentenció a este último y a Trincado a 541 días de reclusión por el delito de atentado contra la autoridad, pudiendo descontarse los días que habían pasado en prisión antes de ser liberados bajo fianza123. En el caso de Recabarren, esto significaba cumplir diez meses adicionales de presidio.
Como se dijo anteriormente, el fallo se hizo público justo a tiempo para ser invocado por los impugnadores de Recabarren en el debate parlamentario sobre la nulidad de su elección, alimentando un ambiente que él mismo denunció como muy adverso para la defensa de sus justas reclamaciones (“se ha hecho alarde por la prensa de mi conducta personal, que se califica de revolucionaria, de propaganda violenta”). En efecto, el diputado radical Rocuant lo había acusado abiertamente ante la Cámara de ser el responsable intelectual de un atentado dinamitero sufrido tiempo antes por el promotor fiscal de Tocopilla, y también del reciente asesinato por parte de “un frenético partidario del señor Recabarren” del juez letrado de esa misma localidad, Enrique Salas Bórquez124. En medio de tan enrarecido ambiente, clausurada definitivamente su aventura parlamentaria, desencantado además por las dificultades económicas que enfrentaba La Reforma (“la protección que recibimos del público no alcanza a cubrir los gastos”), Recabarren debió encarar la perspectiva cierta de volver a una condición que poco antes, en su artículo “Carne de presidio”, había evocado como “en sumo grado inhumana, excesiva e intolerable”, una de las “más tristes para la vida del hombre”125. Recordando años después esa y otras experiencias