Rio Doce, hoy conocida simplemente como Vale, para que extrajera mineral de hierro; Petrobras, la compañía petrolera y de gas; y el Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico al que se llamó BNDE (Amman y Baer, 2005; Luna y Klein, 2014). Estos fueron gigantes en su tiempo y figuraron entre los ejemplos latinoamericanos más tempranos e importantes de la industrialización moderna mediante la propiedad estatal.
Jucelino Kubitschek, el sucesor de Vargas, prolongó esta corriente con su Plano de Metas. Utilizando las investigaciones realizadas por el BNDE y el informe presentado por la Comisión Conjunta Brasil-Estados Unidos, el programa de Kubitschek de “Cincuenta Años [de progreso] en Cinco” fue una ambiciosa iniciativa de desarrollo mediante la inversión económica en infraestructura e industria, encabezada o dirigida por el Estado a través de la sustitución de importaciones (Luna y Klein, 2014). Usando los estudios realizados por el BNDE, el Gobierno dirigió recursos financieros al suministro de industria e infraestructura básicas —electricidad, cemento, transporte— para apoyar el desarrollo de las empresas.18 El gobierno siguió promoviendo la ISI mediante la concesión de exenciones tributarias e incentivos financieros (aranceles preferenciales, acceso a divisas extranjeras para comprar maquinaria importada, tasas de interés real negativas, legislación salarial, etc.) tanto a empresarios brasileños como extranjeros que estuvieran dispuestos a invertir en industrias específicas de bienes de capital, productos químicos, automotriz y metalúrgica, entre otras (Hanley, Pires, Pinto de Souza, Leite Marcondes, Nunes de Faria, y Sakurai, 2016).
Los más grandes beneficiarios de este empuje desarrollista fueron las entidades de propiedad estatal y las empresas multinacionales, pero los grupos empresariales bajo control familiar también se favorecieron con estos programas de incentivos puesto que el BNDE canalizó recursos con los cuales satisfacer las metas. La industria de base y la infraestructura fueron elementos claves de esta estrategia que benefició a empresas como Camargo Corrêa. Esta compañía privada, propiedad de una familia, que se fundó en la época de Vargas como una empresa constructora y productora de cemento, pavimentó las principales carreteras en las dinámicas regiones industriales de Brasil. Además, participó en la construcción de la ciudad capital de Brasilia, la cual se planeó y construyó a finales de los años cincuenta como un símbolo del modernismo brasileño. La compañía mantuvo su asociación con los regímenes desarrollistas durante los años sesenta y setenta, y actualmente es uno de los más grandes grupos empresariales de Brasil (Aldrighi y Postali, 2010).
Entre los que perdieron con esta campaña estuvieron los trabajadores que emigraron desde el noreste —en donde la pobreza endémica se vio agravada por la sequía— al sudeste, en donde se concentraba el impulso desarrollista. Los planificadores prestaron escasa consideración a los desequilibrios regionales del Plano de Metas (Hanley et al., 2016). El sudeste contaba con la base industrial más desarrollada del país, de modo que era el lugar lógico en donde concentrar el esfuerzo desarrollista. La gran promesa de los “Cincuenta Años en Cinco” dependía de un proceso muy intenso en capital que hizo poco por elevar las tasas de empleo. El legado duradero fue el desplazamiento de nordestinos a las ciudades industriales del sudeste mediante la migración interna, lo que promovió el surgimiento de barriadas caóticas y hacinadas (conocidas como favelas), ocupadas por personas que subsistían en el sector informal. Es cierto que la informalidad había sido la forma predominante de empleo y de organización empresarial durante siglos, pero los trabajadores del sector informal quedaron marginados de los programas modernizadores de los gobiernos de Vargas y Kubitschek, que incluían un nuevo código laboral para los trabajadores industriales y urbanos. Los estimados de este sector, de los trabajadores que no contaban con un contrato laboral, calculaban casi el 50% al comenzar el siglo XXI. Mejoró hasta reducirse a alrededor de la tercera parte de la población económicamente activa en 2012, pero la prolongada crisis económica hizo que volviera a crecer. La informalidad es un problema endémico de la economía brasileña, especialmente en medio de un entorno cada vez más tecnológico (Bonelli y Veloso, 2014).
Si bien es cierto que las políticas de desarrollo impulsadas por el Estado superaron los impedimentos financieros y de infraestructura que obstaculizaban la industrialización de Brasil y su modernización, también lo es que generaron una crisis económica. Las políticas insostenibles de prestar dinero a tasas de interés real negativas y de financiar el Plano de Metas mediante el gasto deficitario, junto con la creciente negativa de los mercados de capital extranjeros de efectuar préstamos, hicieron que el Gobierno brasileño recurriera a la imprenta para pagar sus cuentas. De este modo, al periodo de intenso crecimiento le siguió una significativa ralentización económica, la aceleración de la inflación, el crecimiento del déficit público y la deuda externa, y el descontento social que llevó al golpe militar de 1964 (Luna y Klein, 2014).
El modelo de desarrollo impulsado por el Estado a través de la sustitución de importaciones prosiguió bajo la dictadura militar. Nuevamente, el Estado creó empresas de su propiedad para que cubrieran necesidades estratégicas y usó el BNDE para financiar a las firmas que contribuían al desarrollo industrial por sustitución de importaciones. Entonces se fundaron otras dos importantes empresas estatales más, la compañía de electricidad Electrobrás y la de telecomunicaciones Telebrás, pero el eje principal de la política de desarrollo del Gobierno, a la que se denominó II PND (Segundo Plan Nacional de Desarrollo) y que se lanzó en 1974, era la promoción de la inversión privada en la industrialización brasileña, especialmente en bienes intermedios y de capital (Aldrighi y Postali, 2010). El BNDES tuvo un papel fundamental en el cumplimiento de las directivas del II PND ofreciendo préstamos que protegían a las empresas de la inflación, al mismo tiempo que el Estado brasileño erigía barreras comerciales proteccionistas para favorecer a los productores nacionales ante la competencia extranjera. Cuando estalló la crisis de la deuda en 1982, esta generó una aceleración de la inflación y una deuda incapacitante, con lo cual la inestabilidad económica restringió las posibilidades de una planificación de largo plazo por parte de las empresas, en tanto que las dificultades fiscales restringieron las acciones directas por parte del Gobierno. A lo largo de este periodo persistió el desarrollo limitado de los mercados de capitales, parte importante del intervencionismo estatal original en los años cuarenta; lo que significó que Brasil continuaría sufriendo por la falta de financiamiento de largo plazo para las empresas (Hanley et al, 2016). Es más, el empuje desarrollista desde los años cincuenta a los ochenta prestó poca atención al desequilibrio regional. No sería sino hasta la década de 1980 que el BNDE manifestaría su preocupación por los desequilibrios surgidos a partir de las inversiones efectuadas a mediados de siglo.19
2.4 La vuelta al mercado, de la década de 1990 a la de 2000
A la llamada “década perdida” de los años 1980, que hizo que Brasil al igual que la mayoría de las naciones en vías de desarrollo, se volviera al Fondo Monetario Internacional (FMI) en busca de alivio a su deuda, le siguió el neoliberalismo de los noventa. El neoliberalismo, al cual también se conoció como el Consenso de Washington, fue un requisito de facto para recibir la ayuda del exterior que les brindara alivio de la aplastante carga de la deuda acumulada durante las décadas de rápida modernización. Sus rasgos distintivos en toda América Latina fueron la privatización de las empresas de propiedad estatal y la liberalización comercial (Casanova, 2016). En 1994, Brasil además introdujo el real, una nueva moneda que logró poner fin a la hiperinflación.
La inestabilidad macroeconómica que reinó en los años noventa antes de que el real tuviera efecto hizo que la privatización resultara poco atractiva para los inversionistas extranjeros, de modo que las empresas de propiedad estatal terminaron en manos de los grupos empresariales brasileños, los cuales recibieron del BNDE el financiamiento para comprarlas.
Los grupos empresariales comprenden empresas diversificadas y legalmente independientes que son propiedad de una familia o que están controladas por esta. En Brasil tienden a estar estructurados como organizaciones piramidales, en donde las compañías participantes invierten en compañías en otros sectores. Algunos de los más grandes grupos empresariales brasileños se dedican a la construcción, energía y bienes de consumo como los supermercados. Entre los más importantes grupos empresariales de propiedad familiar tenemos a Bradesco, Itaú Unibanco (banca), Votorantim (celulosa y papel), Odebrecht (construcción, ingeniería), Pão de Açúcar (supermercados),