grandes ideales de engrandecimiento nacional, que constituían en él una verdadera y sana obsesión, se incrementaban las suspicacias, las desconfianzas…”150
LA CRISIS POLÍTICA DEL AÑO 1890
La crisis política entre el Poder legislativo y el Poder Ejecutivo siguió escalando a partir de la convicción cada vez mayor que Sanfuentes sería el sucesor que quería dejar instalado en la Moneda el Presidente Balmaceda. Ello, además, se tomó como un intervencionismo excesivo del Presidente en la futura contienda electoral. La creciente efervescencia hizo que la política dejase de ser una actividad confinada a los recintos del Congreso, para pasar a los banquetes, manifestaciones y concentraciones públicas o meetings callejeros.
El año 1890, la crisis se hizo anunciar desde el principio con la designación en enero del gabinete encabezado por Adolfo Ibáñez, sin consulta alguna al Congreso, que incluía al general José Velásquez, destacado jefe militar, veterano de la Guerra del Pacífico, como ministro de Guerra y Marina. Al tratarse de un oficial en servicio activo, implicaba involucrar al Ejército en la contingencia política, situación que solo se incrementaría durante el año, lo que veremos posteriormente.
Otro signo de desencuentro se dio con ocasión del mensaje presidencial leído en el Congreso el 1° de junio de 1890, gran parte del cual se dedicó a describir el proyecto de una nueva Constitución, que contemplaba un mejor equilibrio de poderes. Pero este proyecto solo recibió la indiferencia de la oposición151.
Poco antes, a fines del mes de mayo, y ante la apremiante necesidad de formar un nuevo ministerio, Balmaceda recurrió a Enrique Salvador Sanfuentes para encabezarlo en la cartera de Interior. Pese a que este aseguró que había descartado postular a la Presidencia de la República, recibió una censura por parte de ambas cámaras del Congreso, ante lo cual el Presidente se mantuvo firme con su nuevo gabinete; ante ello, la Cámara de Diputados acordó, con fecha 12 de junio, aplazar el despacho de la ley de contribuciones hasta que se formase un gabinete que satisficiese al Poder Legislativo. Con esta medida del Congreso, ninguno de estos impuestos podría ser cobrado, afectando al presupuesto fiscal del año 1890152.
El conflicto entre ambos poderes del Estado siguió, por lo tanto, escalando. El entonces estudiante de derecho Arturo Alessandri Palma recordaba así el ambiente político en Santiago a mediados de 1890: “Las manifestaciones tumultuosas ocurridas en el Congreso, estimuladas por los ataques violentos y enconados de la prensa de oposición, salieron a la calle originados en clubs políticos que como el de septiembre y numerosos de la juventud, se formaron y mantuvieron exclusivamente como centros para preparar las permanentes manifestaciones ruidosas de protestas en las calles, plazas y sitios públicos. Se sentía por todas partes una ola de fuego que cundía y se incrementaba cada día más. Surgía formidable un ambiente de resistencia y protesta que arrastraba, sin que fuera posible resistir o desprenderse de la fuerza de contagio colectivo”153.
Alameda de las Delicias, Santiago. Grabado publicado en la revista británica The Illustrated London News, 16 de agosto de 1890.
Poco después, el Gobierno veía abrirse un nuevo flanco adverso, con la gran huelga general acaecida en país en el mes de julio. Si bien Balmaceda había desarrollado un estilo de gobernar que buscaba ganarse la voluntad del pueblo, su programa no contempló una política de mejorías especiales a los trabajadores, ámbito en el cual no difería de la élite tradicional154. Ello en la época en que la llamada “Cuestión Social” ya había aflorado como un tema que debía ser abordado por la clase política. Cabe recordar que la encíclica Rerum Novarum del papa León XIII se dio a conocer en 1891, el mismo año de la Guerra Civil.
La causa de dicha huelga fue el descontento de los trabajadores del salitre con el sistema de pago de salarios con fichas y el monopolio de las pulperías para su uso, a lo que se añadía la baja de su poder adquisitivo, debido a la depreciación de la moneda. En consecuencia, las demandas fundamentales eran por un aumento de salarios y su pago en dinero efectivo.
Este movimiento social, de una magnitud nunca antes vista hasta entonces en Chile, se originó el 3 de julio de 1890 en Iquique. La reacción inicial del Gobierno fue ambigua: Balmaceda envió un mensaje donde daba a entender su simpatía por los trabajadores (lo que, previsiblemente, irritó a la oposición) y las autoridades locales intentaron mediar; no obstante, cuando el movimiento fue escalando en magnitud y violencia, fue reprimido con fuerza, recurriendo a las fuerzas del Ejército, la Marina y la Policía.
La huelga se extendió a las oficinas salitreras del interior, donde hubo nuevos episodios de violencia, como saqueo y destrucción de pulperías, seguidos de la respectiva represión. El día 7, la huelga se replicó en Antofagasta. Si bien al cabo de algunos días de incertidumbre se lograron algunos acuerdos parciales, el no cumplimiento de estos por parte de los empresarios del salitre y el recuerdo del uso de la fuerza, dejaron un sentimiento de descontento en la población, lo que con toda probabilidad fue una motivación para el reclutamiento de voluntarios para la causa opositora una vez que hubo estallado la Guerra Civil, al año siguiente.
La huelga siguió extendiéndose y estalló en Valparaíso el 21 de julio, donde se registró el más alto grado de violencia, tanto en la destrucción de bienes como por la represión: los cálculos hacen elevar hasta un centenar la cifra de muertos, además de cientos de heridos y detenidos155. La crisis política y el surgimiento de la “Cuestión Social” indudablemente se entrelazaban, de manera que la primera actuó como “catalizador” del estallido de julio de 1890156.
En paralelo a estos episodios de violencia, en Santiago la tensión política seguía escalando. El 13 de julio, se realizó un importante meeting opositor, nombrándose una comisión especial que solo halló la negativa del Presidente Balmaceda a ceder sus atribuciones en cuanto a la designación de ministros157. Cuando aún se desarrollaba la gran huelga, el 20 de julio, hubo otro meeting del Partido Democrático y organizaciones de obreros y artesanos, que manifestaron su inquietud por el daño que significaba para los trabajadores la suspensión de la ley de contribuciones; aunque esta vez la respuesta del Presidente de la República expresaba simpatía ante esta manifestación y reafirmaba su convicción en no ceder sus poderes. En el fondo, no hacía sino poner de manifiesto su impotencia158.
A finales de julio, la oposición planeó una acusación constitucional al gabinete, lo que, en la práctica, hubiese significado dejar al Poder Ejecutivo impedido de gobernar, ante lo cual Balmaceda y sus ministros acordaron un plan para disolver el Congreso y establecer una dictadura, para lo cual se contaba con el apoyo del Ejército159. Muchos entretelones de este episodio permanecen desconocidos, pero los rumores y trascendidos conocidos bastan para imaginar la magnitud de la crisis: la Guerra Civil bien podría haberse adelantado. Sin embargo, el autogolpe de Estado no se ejecutó, y pasó a ser un episodio olvidado, quizá demasiado, si se quiere comprender la magnitud de la crisis política de 1890.
Tras conversaciones donde medió el arzobispo de Santiago, Mariano Casanova, los poderes del Estado en disputa lograron llegar a acuerdo para que se formara un gabinete de consenso, encabezado por Belisario Prats en la cartera de Interior, y otros ministerios que serían ocupados por personas que no pertenecían al Congreso ni habían tenido participación en los recientes roces entre el Ejecutivo y el Legislativo.
A ello siguió un lapso de calma, una especie de “tregua”160, en tanto que ambos poderes retomaban sus funciones normalmente. Pero tal calma sería efímera e ilusoria. Ante la negativa de Balmaceda de dar mayor libertad de acción a sus ministros, el “Gabinete Prats” dimitió el 15 de octubre de 1890, porque, declaró, no contaba con la confianza del Presidente de la República; además, había indicios de que se preparaba una intervención en las próximas elecciones presidenciales. Ese mismo día se formó un nuevo gabinete encabezado por Claudio Vicuña que, como era de prever, recibió el rechazo de la oposición.
Para ese entonces, el Congreso ya había finalizado su período legislativo extraordinario y se hallaba en receso, por lo tanto, no pudo realizar ninguna acción contra este nuevo gabinete. De acuerdo a la Constitución de 1833, entonces vigente, seguía en actividad la llamada Comisión Conservadora, órgano integrado por