una sociedad sostenible, para después estudiar el desafío del cambio climático desde la perspectiva argentina, incluyendo la normativa y jurisprudencia nacionales sensibles a la necesidad de transitar hacia un mundo más sustentable, así como las políticas públicas pertinentes que ya se están implementando. Concluye que la pandemia misma y el uso de nuevas tecnologías podrían conducirnos a un escenario donde enfrentar la pobreza y la desigualdad sea una agenda mucho más pragmática y realizable, pero para eso se requiere el impulso de las ciudadanas y los ciudadanos, así como el compromiso efectivo y concreto de los sectores públicos (regulaciones e incentivos fiscales) y privados.
En el capítulo 9 junto con Laura Clérico estudiamos los efectos de la pandemia, la crisis económico-social y las desigualdades sobre el derecho de propiedad privada. Analizamos los efectos de la regulación económica de emergencia sobre el derecho de propiedad en un contexto signado por las profundas desigualdades, repasando los estándares jurídicos interamericanos y nacionales para dirimir controversias entre el derecho de propiedad y otros derechos. Sostenemos que tales tensiones deben ser analizadas no como casos aislados sino tomando en cuenta el contexto ampliado, la complejidad estructural del sistema económico-social, las desigualdades que ha venido perpetuando y la obligación del Estado de revertir esas situaciones y asegurar la realización de los derechos humanos mediante acciones eficaces. Los exámenes de idoneidad y de proporcionalidad deben tener en cuenta tanto la situación de especial vulnerabilidad de las poblaciones como la posición de ventaja estructural de algunos de los actores que podrían llegar a atacar la constitucionalidad de alguna de las medidas que buscan promover derechos sociales, basados en el derecho de propiedad. También estudiamos si las medidas de regulación económica de emergencia podrían justificar la activación de los tratados bilaterales de inversión, cómo debe funcionar la protección de patentes medicinales (incluidas las vacunas) en el actual contexto, y si y cómo la pandemia incide sobre el derecho de los acreedores del Estado en el marco de la reestructuración de la deuda y la exigibilidad de ciertas deudas privadas.
La segunda parte reúne textos sobre los “Derechos humanos afectados”. En el capítulo 10 Mario Pecheny presenta una serie de reflexiones en torno al derecho a la salud en el contexto de la pandemia. Primero presenta las coordenadas conceptuales que plantean una sinergia e indivisibilidad entre salud y derechos humanos, y luego los puntos centrales de una perspectiva latinoamericana que piensa la salud desde un enfoque de vulnerabilidad programática y derechos humanos. Luego se refiere al problema del morir y el final de la vida, y cierra el capítulo con los desafíos relacionados con el vínculo entre salud y derechos humanos en relación con la pandemia de Covid-19 y lo que vendrá.
En el capítulo 11 Soledad Buhlman, Jacinta Burijovich, Ana Heredia, Martín Passini y Solana Yoma analizan las implicaciones de la pandemia y el ASPO desde la perspectiva del derecho a la salud mental. Señalan que existe en el país un déficit en políticas concretas que permitan abordar la salud mental en su complejidad en el actual contexto, así como una proliferación de recomendaciones acerca de cómo deberían ser los cuidados en este campo, pero que no son acompañadas por recursos que faciliten su implementación. El capítulo describe la situación de internación por motivos de salud mental, que no es descomprimida con una desinstitucionalización coordinada, la no implementación del compromiso de poner fin a los manicomios en 2020, las limitadas estrategias estatales implementadas durante la pandemia, las políticas de proximidad en salud mental para acompañar las medidas de aislamiento y el impacto de la pandemia en las representaciones sociales sobre la salud mental. También aporta reflexiones en torno a la relación de productividad, normalidad y padecimiento, y finalmente plantea la urgencia de implementar lo pendiente: líneas estratégicas en materia de salud mental para la pandemia y la pospandemia, lo que incluye estrategias integrales para el cuidado de la salud.
En el capítulo 12 María Florencia Pasquale aborda las problemáticas vinculadas al derecho a la vivienda. ¿En qué medida la exigencia del aislamiento preventivo es realista para millones de personas? El texto da cuenta del enorme déficit habitacional que atraviesa el país y encuentra un correlato entre el mayor nivel de contagios en el AMBA y la grave situación que se registra en esa zona en materia de acceso a la vivienda en términos de calidad constructiva y hacinamiento. Se analizan los aspectos jurídicos nacionales e internacional del derecho a la vivienda, y se focaliza en tres situaciones críticas: las villas y los asentamientos informales, las personas en situación de calle, y los alquileres e hipotecas.
En el capítulo 13 Patricia Aguirre lleva a cabo un estudio antropológico de cómo el derecho a la alimentación es afectado antes, durante y después de la cuarentena. El sistema agroalimentario basado en un modelo extractivista, que internaliza las ganancias y externaliza los costos ambientales, explica en gran medida los problemas de alimentación –particularmente la precarización del consumo alimentario– y sanitarios preexistentes. Los programas de asistencia alimentaria han resultado ineficaces y consolidado una cultura clientelar. Aquellos problemas subsisten durante la cuarentena, y se agravan con las restricciones propias del aislamiento preventivo y las restricciones de circulación frente a las que el Estado ha implementado una serie de medidas sectoriales –aunque imperfectas– para asegurar el abastecimiento de alimentos y la disposición de ingresos mínimos. El modelo extractivista y el consumo alimentario dirigido por la industria solo se pueden revertir si se trabaja sobre el consumo (por ejemplo, regulando la publicidad) y estimulando las cadenas cortas, ferias francas y certificaciones: producir con sostenibilidad, distribuir con equidad y consumir en comensalidad.
En el capítulo 14 Claudia Danani aborda el derecho a la protección social, analizándolo primero en su progresión histórica en el mundo y luego en profundidad en la Argentina, incluidos sus obstáculos políticos, económicos y culturales. Luego analiza el derecho a la protección social desde el prisma de la actual pandemia. Reconociendo sus graves consecuencias sociales en el país, explica cuál es la capacidad de protección de la sociedad que puede esperarse de las instituciones vigentes y qué mecanismos y recursos necesitan ser movilizados ahora. Se presentan las medidas más relevantes implementadas por el gobierno argentino en el actual contexto y se argumenta por qué el ingreso universal es hoy una medida crucial para una sociedad protectora y la vigencia de los derechos humanos.
En el capítulo 15 Liber Martin estudia la relación entre la pandemia, el derecho al agua y saneamiento y la desigualdad. Comienza por revisar los presupuestos, el contenido y los límites de tal derecho humano, luego identifica las implicaciones particulares y los nudos problemáticos que sus dimensiones presentan durante la pandemia, y propone tanto medidas paliativas de corte reactivo como políticas de carácter estructural y preventivo respecto de enfermedades asociadas al agua. Los efectos adversos sobre los derechos humanos asociados a la desigualdad y discriminación provocadas por la pobreza hídrica se incrementan en contextos de crisis sanitaria, económica y la adopción de medidas como el aislamiento social.
En el capítulo 16 Nancy Cardinaux estudia cómo la Covid-19 atraviesa el derecho a la educación y el acceso a los bienes culturales. Se describen los contornos legales del derecho a la educación desde sus condiciones de asequibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad y cómo fueron afectadas por el ASPO en los niveles inicial, primario, secundario y universitario. Claramente, los efectos del ASPO sobre la escolaridad profundizaron una serie de desigualdades preexistentes y generaron nuevas. En el apartado final se presentan los principales desafíos en materia educativa.
En el capítulo 17 Silvia Serrano Guzmán describe y analiza los principios de igualdad y prohibición de discriminación así como las interseccionalidades en la pandemia, desde la perspectiva del derecho argentino, interamericano e internacional. Las diversas formas de discriminación se han materializado en la prevalencia en contagios y muertes en grupos tradicionalmente desaventajados, en su discriminación en el acceso a bienes y servicios de salud, así como en los impactos desproporcionados de las medidas de salud pública. Se estudian los presupuestos conceptuales sobre discriminación e interseccionalidad; luego, cómo opera en la práctica la discriminación contra grupos desaventajados durante la pandemia y, finalmente, los tipos de medidas que los Estados deberían implementar para prevenir y compensar la discriminación.
En el capítulo 18 Horacio Etchichury y Magdalena Álvarez analizan el impacto negativo de la pandemia y la recesión sobre el