incluyen en el gobierno de las dichas provincias de Chile, así lo que ahora está pacificado y poblado, como lo de aquí en adelante se redujere, pacificare y poblare» (Recopilación de leyes, ley XII, libro II, título XV, 191-192).
La Real Audiencia era un tribunal judicial colegiado (el más alto tribunal judicial de apelaciones de las Indias) integrado por el gobernador que lo presidía, cuatro oidores, un fiscal, un alguacil mayor, un teniente de Gran Canciller, un escribano de cámara, relatores, intérpretes, ejecutores y un portero. Al integrar al gobernador como presidente se intentaba tener mayor control sobre la guerra al no dividir los poderes políticos que, en definitiva, debían atender los intereses de la corona; sin embargo, esta misma intención hizo de esta institución un espacio de articulación del poder local en torno a los temas relevantes del control colonial, tal como puede verse en sus propios archivos: juicios por protección de naturales (esclavitud y mano de obra: juicios por encomienda y autos de libertad), juicios civiles (tensiones entre privados, como el cobro de pesos), juicios criminales, juicios de patronato (poder eclesiástico en tensión con el poder real) y juicios de hacienda (constitución de la propiedad: juicios de tierra por deslindes, remates, derechos de estancias, venta de chacras, mayor derecho a un pedazo de tierra, etc.) (Archivo Nacional de Chile 48-49).
La esclavitud como medio para generar riqueza personal, fuese por venta o como mano de obra, se encuentra en la base de la constitución de los grupos de poder local que se visibilizan como encomenderos, administradores de justicia y poseedores de oficios reales o soldados (pudiendo ser todas esas cosas a la vez). Esta situación encontró en los jesuitas a férreos opositores y denunciantes ante el Rey, quienes apelaron a una ética del buen gobierno y al deber de conciencia del monarca respecto de lo que se llamaba el buen trato a los súbditos y en especial a los indios. Este escenario ya se figuraba desde fines del siglo XVI, periodo marcado por la llegada de la Compañía de Jesús (1593) y por la presentación del memorial de Melchor Calderón, secretario de la Catedral de Santiago, conocido como Tratado de la importancia y utilidad que hay en dar por esclavos a los indios rebelados en Chile (1599). Este escrito fundamentó la cédula real de 1608, al mismo tiempo que presentaba propuestas alternativas de acercamiento y comprensión hacia los mapuche llevadas a cabo en particular por el Padre Luis de Valdivia (1561-1642)
–redactor de la primera gramática en lengua mapuche con fines confesionales y de evangelización, obra que en este contexto tiene un profundo sentido político–.
Ese mismo año se dio un importante debate respecto al curso de la Guerra de Arauco, en el cual el oidor de la Real Audiencia de Lima, Juan de Villela, en coincidencia con las ideas de Valdivia, propuso un sistema denominado Guerra Defensiva. El recién llegado virrey, el marqués de Montesclaros, también acogió los informes del jesuita sobre la guerra. Valdivia proponía eliminar los servicios personales, establecer una frontera firme en el río Biobío y sustentar una conquista religiosa por medio de la actividad misionera. El mismo año en que se instaló la Real Audiencia en Santiago, Valdivia viajó a España en busca de apoyo. Los «colonos» de Chile, en oposición a esta idea y al virrey, contaban con el gobernador Alonso García de Ramón (1552-1610) y enviaron a su propio representante a la corte, el capitán Lorenzo del Salto, con el objeto de desmentir y desvirtuar los fundamentos de las propuestas del jesuita. Ambos viajaron en el mismo barco a Europa.
Valdivia logró convencer a Felipe III de su plan, consiguió que se lo nombrara Visitador General de Chile y regresó en 1611 acompañado de otros diez misioneros jesuitas, dispuestos a solucionar el conflicto mapuche por medio de la prédica.
Pero tal proyecto terminó en 1612 con el asesinato de los misioneros en Elicura por el cacique Anganamón, uno de los grandes líderes de la sublevación de 1598 que se extendió hasta 1604. Valdivia insistió en su propuesta, pero finalmente en 1626 se restituyó el permiso para esclavizar indios capturados en guerra. En este contexto se producen las obras conocidas como crónicas e historias sobre Chile en manos de jesuitas como Diego de Rosales (1601-1677) y Alonso de Ovalle (1603-1651)35, como también el relato de Francisco Núñez de Pineda (1607-1682) como cautivo español en tierras mapuche36.
La mitad de la centuria está marcada, por un lado, por la muerte de los misioneros jesuitas mártires de Elicura, tras la que se pone fin al proyecto de la guerra defensiva en el año 1622, y por otro, por el alzamiento de 1655 o maloca de Paicaví, considerada ilegal luego de un largo juicio. La relación entre vida cotidiana y guerra puede leerse en la vida de los gobernadores y los tipos de gobierno; por ejemplo el de Martín de Mujica (1646-1649), durante el que se realiza el Parlamento de Quilín del año 1647; o el gobierno de Alonso de Figueroa de Córdoba, quien vive 59 años, 43 de los cuales fue soldado en la guerra de Arauco; o el de Antonio de Acuña y Cabrera, pésimo parlamentador con los indios, responsable del alzamiento de 1655 y merecedor del clamor de los vecinos: Viva el Rey, muera el mal gobernador.
La vida cotidiana en la segunda mitad del siglo XVII se construye en torno a la necesidad de establecer estrategias de relación con el «enemigo» mapuche, parlamentos, visitas y misiones van erigiendo los espacios y tópicos que articulan la historia personal y colectiva. Si consideramos que en el transcurso de los 210 años que van de 1593 a 1803 se realizaron 48 parlamentos hispano-mapuche37 en diferentes lugares del territorio, podremos imaginar la centralidad de la cuestión de la guerra en términos sociales, culturales y económicos. La guerra organizaba la vida cotidiana de todos los habitantes, sus posibilidades de proyección en el tiempo, sus decisiones vitales, su capacidad de reproducción.
El periodo 1650-1750 se abre con el gran hito del levantamiento general de «indios» de 1655. A la inestabilidad de la tierra se suma la del gobierno interino de Pedro Porter Casanate (1656-1662) y se le agrega el terremoto y salida del mar del
15 de marzo de 1657 que arruina Concepción, después del cual la frontera se trasladó desde el borde del río Biobío a las orillas del río Maule. Todos estos eventos fueron para el historiador Diego Barros Arana la demostración de la «ruina» de Chile (Tomo V, 18).
La gobernabilidad fue muy compleja en los gobiernos –también interinos– de González Montero y Ángel de Peredo (1662-1664). Los desesperados intentos del Rey por nombrar a un gobernador en propiedad fallaron nuevamente cuando los dos candidatos propuestos murieron (Juan de Balboa Mogrovejo y fray Dionisio Cimbrón). Finalmente, por cédula de 4 de febrero de 1664, se nombró a Francisco Meneses (1615-1672). Sin embargo, su figura encarnó la crisis interna y del Imperio, y fue destituido en 1667 por contar con 242 cargos en su contra relacionados con problemas éticos respecto a la administración de justicia y la conducción de la guerra. La indagación realizada por el visitador a cargo de investigar el caso fue muy minuciosa, pues recopiló información por medio de declaraciones de los actores claves de la política y la sociedad, y recorrió la frontera entre Penco, Arauco, Purén y Concepción averiguando sobre la maloca de Paicaví y la toma de indios como esclavos o «piezas» por parte del gobernador y sus agentes38.
3.2. Mano de obra, estratificación social y poder rural
Hasta fines del siglo XVII, la encomienda fue la parte sustancial y fundamental de la fuerza de trabajo activa, aunque su abolición definitiva no ocurrió sino hasta el año 1791, momento en el que ya representaba muy poco en la estructura económica colonial. Pero la encomienda no fue la única fuente de obtención de mano de obra, ya que tenía una serie de limitaciones que hacían de ella un sistema estable e inestable al mismo tiempo. La estabilidad radicaba en que su usufructo era unipersonal, gracioso y con tendencia a la perpetuidad expresada en una, dos y tres vidas; por tanto, quien gozaba de ella podía estar seguro, pero implicaba que algún sector de la economía tendría déficit de mano obra. Al mismo tiempo, dichas características producían inestabilidad, pues si el beneficio solo podía ser otorgado por el gobernador y el usufructo era unipersonal, nada aseguraba que al cambiar el titular del reino no se perdiese el otorgamiento, como
efectivamente pasó.
Evidentemente la Guerra de Arauco significó el factor de mayor inseguridad del sistema de encomienda, el más constante y temido, dado que por ella el indio de paz era considerado un potencial sublevado (Obregón 2010). Por